EMPEZAR DE CERO SI ES POSIBLE. LA SEGUNDA OPORTUNIDAD, LA LEY QUE EN ESPAÑA ESTÁ CAMBIANDO VIDAS.

En un entorno económico en constante cambio, conocer los datos que lo definen es
esencial para tomar decisiones estratégicas. En este sentido, la evolución de los
concursos de personas físicas en España refleja una tendencia clara: en 2024, se cerrará
el año con cerca de 50.000 concursos de personas físicas, lo que supone el 90 % del
total de procedimientos concursales. Por comunidades, destacan Cataluña (25,16 % del
total), Andalucía (15,64 %) y Madrid (14,61 %). Además, la duración media del
procedimiento ha descendido notablemente: de 560 días en 2021 a 242 días
actualmente, facilitando así un acceso más ágil y efectivo a la exoneración de
deudas. Pero vayamos por el principio:

¿Qué es la conocida como Ley de Segunda Oportunidad?
Se trata de un mecanismo legal previsto en el Texto Refundido de la Ley Concursal,
diseñado para ofrecer una solución real a aquellas personas físicas —ya sean
trabajadores por cuenta ajena, autónomos o incluso desempleados— que no pueden
hacer frente al pago de sus deudas. A través de este procedimiento, conocido como Ley
de Segunda Oportunidad, es posible acogerse a un concurso de acreedores que, una vez
finalizado, puede permitir la cancelación total de las deudas pendientes.

Eso sí, este proceso no es automático ni universal: existen ciertos requisitos legales
que deben cumplirse para poder acceder a este beneficio, entre ellos actuar de buena fe,
no haber sido condenado por determinados delitos económicos y no haber recurrido al
procedimiento en los últimos años (en el siguiente punto abordaremos estos requisitos).

A pesar de estas condiciones, lo cierto es que cada vez son más las personas que
consiguen acogerse y lograr una verdadera segunda oportunidad.

¿Qué requisitos se necesitan para poder cancelar tus deudas?
Como ya hemos comentado, la Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo pensado
para ofrecer una salida legal y definitiva a las personas que, por diversas circunstancias,
se han visto superadas por las deudas. No se trata de premiar a quien actúa con mala fe,
sino de dar una verdadera oportunidad a quien ha hecho todo lo posible por cumplir con
sus obligaciones, pero no ha podido salir adelante.

Por ello, los requisitos para acceder a este procedimiento no son excesivamente estrictos
y, de hecho, la mayoría de personas que se encuentran en situación de insolvencia los
cumplen sin problema.

Los principales requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad son los
siguientes:

• Ser persona física. Este mecanismo está pensado para personas particulares o
  autónomos, no para empresas.

• Estar en situación de insolvencia. Esto significa que el deudor no puede pagar
  sus deudas o que, de forma previsible, no podrá hacerlo en los próximos meses.
  No es necesario estar en una situación extrema, basta con que se haya perdido la
  capacidad de cumplir regularmente con los pagos.

• Actuar de buena fe. Este es un principio fundamental en todo el procedimiento.
  Se considera que una persona ha actuado de buena fe cuando ha intentado
  cumplir con sus obligaciones, no ha ocultado bienes ni ingresos, y ha colaborado
  con el juzgado durante todo el proceso.

• No tener antecedentes penales recientes por delitos económicos. En concreto,
  no haber sido condenado en los últimos diez años por delitos contra el
  patrimonio, el orden socioeconómico, la Hacienda Pública, la Seguridad Social o
  los derechos de los trabajadores.

Como puede verse, se trata de requisitos razonables que buscan proteger el espíritu de la
norma: dar una nueva oportunidad a quienes la necesitan, sin que el procedimiento se
convierta en una vía de abuso o fraude.

Ventajas principales de la Ley de Segunda Oportunidad

1. La gran ventaja: Cancelar tus deudas y empezar de cero.
Sin duda, la principal ventaja que ofrece la Ley de Segunda Oportunidad es la
posibilidad de cancelar de forma definitiva las deudas que el deudor ya no puede pagar.
Y cuando decimos “cancelar”, nos referimos a una exoneración real, firme y total,
acordada por un juez, que deja sin efecto las reclamaciones de los acreedores.

Una vez se concede la exoneración del pasivo insatisfecho (lo que técnicamente se
conoce como EPI), los acreedores pierden por completo la posibilidad de seguir
reclamando esas deudas. Esto implica que desaparecen embargos, cesan los
procedimientos judiciales en marcha, y el deudor deja de recibir llamadas, cartas o
amenazas de impago. En definitiva, se pone fin a una situación de angustia constante
que muchas personas llevan arrastrando durante años.

El resultado es un verdadero punto de inflexión: un nuevo comienzo sin cargas
económicas pasadas. La persona recupera su tranquilidad, puede volver a hacer
planes, y retoma el control de su vida financiera. Lo que antes era una losa diaria
se convierte en una etapa cerrada, permitiéndole mirar al futuro con esperanza y
estabilidad.

2. Posibilidad de conservar la vivienda.
Una de las dudas más frecuentes —y también uno de los mayores miedos— que tienen
muchas personas cuando se plantean acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad es si, al
hacerlo, perderán su vivienda. Es comprensible que exista esa preocupación, pero lo
cierto es que la pérdida de la vivienda no es una consecuencia automática del
procedimiento. De hecho, en muchos casos es perfectamente posible conservarla.

Cuando la vivienda habitual está hipotecada y el deudor continúa al corriente en el pago
de la hipoteca, lo habitual es que pueda seguir pagándola y conservar su casa, mientras
se cancelan el resto de deudas no garantizadas: préstamos personales, tarjetas, avales,
etc. En estos casos, el juez puede autorizar que el deudor mantenga la propiedad del
inmueble, siempre que no suponga un perjuicio para el procedimiento.

Incluso en otros supuestos más complejos —por ejemplo, cuando la hipoteca no está al
día o no existe carga hipotecaria sobre el inmueble—, la Ley prevé mecanismos para
intentar evitar la pérdida de la vivienda, siempre que sea viable. Uno de ellos es el plan
de pagos, que permite al deudor abonar una pequeña parte de sus deudas durante un
período de hasta cinco años y solicitar, una vez cumplido, la exoneración del resto. Esta
vía está especialmente pensada para aquellos casos en los que liquidar la vivienda no
resulte necesario ni beneficioso para los acreedores.

En definitiva, cada caso debe analizarse de forma individual, pero lo que es importante
saber es que la Ley contempla distintas alternativas para proteger la vivienda habitual
del deudor, especialmente cuando se trata de su único hogar y cumple una función
esencial para su estabilidad personal y familiar.

3. Salir de los ficheros de morosos.
Una de las consecuencias directas y más valoradas de la cancelación de las deudas
mediante la Ley de Segunda Oportunidad es la salida automática de los ficheros de
morosos en los que el deudor haya podido ser incluido, como pueden ser ASNEF,
Experian o RAI.

Aparecer en este tipo de registros puede suponer una limitación importante en la vida
cotidiana. Muchas personas no son plenamente conscientes de ello hasta que intentan
contratar una línea telefónica, solicitar un aplazamiento en un pago, financiar una
compra o incluso abrir una cuenta bancaria y se encuentran con restricciones por figurar
como deudores en uno de estos ficheros.

Una vez concedida la exoneración judicial de las deudas, las entidades deben eliminar al
deudor de estos registros, ya que las deudas que motivaban su inclusión han
desaparecido legalmente. Esto permite restablecer la normalidad financiera del afectado,
devolviéndole el acceso al crédito y a servicios básicos sin trabas injustificadas.

4. Recuperación emocional y tranquilidad.
Las consecuencias del sobreendeudamiento van mucho más allá de lo económico. Vivir
durante meses o incluso años con la presión constante de las deudas, las reclamaciones,
las llamadas de acreedores o los procedimientos judiciales, genera un desgaste
emocional profundo. La ansiedad, el estrés, el insomnio o la sensación de fracaso son
problemas comunes entre quienes se ven atrapados en una situación financiera
insostenible.

“Nos encontramos ante un procedimiento mucho más dinámico que en el pasado. Ya no
es necesario pasar previamente por un trámite extrajudicial, lo que agiliza enormemente
el proceso. El deudor, junto a su abogado, presenta directamente su expediente ante el
juzgado, que se encarga de tramitarlo y, si se cumplen los requisitos exigidos por la ley,
concede la exoneración de las deudas”, explicó Alberto Núñez, abogado y Socio
Fundador de Lex Solutio, despacho especializado en Segunda Oportunidad.

Por todas estas cuestiones, uno de los mayores beneficios de la Ley de Segunda
Oportunidad es precisamente este: recuperar la tranquilidad, la estabilidad emocional y
la paz mental. Cancelar las deudas no solo supone liberarse de una carga
financiera, sino también dejar atrás una etapa marcada por la incertidumbre y el
agobio.

Poder volver a mirar al futuro con esperanza, tomar decisiones sin miedo, y retomar el
control de la propia vida tiene un valor incalculable. En muchos casos, esta
reconstrucción personal y emocional es tan importante —o más— que la propia
cancelación de las deudas.

La Segunda Oportunidad no solo borra cifras: devuelve dignidad, autoestima y
serenidad a quienes han pasado demasiado tiempo viviendo bajo el peso de las
deudas.