Una factura pendiente puede seguir apareciendo como ingreso en la contabilidad mientras el dinero no llega a la cuenta. Al acercarse el cierre de 2026, interesa revisar esos saldos con una pregunta concreta: qué se puede cobrar, con qué documentación y mediante qué actuación.
En esa revisión hay un dato vigente que conviene tener presente. El interés legal de demora para las operaciones comerciales durante el segundo semestre de 2026 es del 10,40 % anual, según la resolución del Tesoro publicada el 1 de julio. Es el tipo del semestre actual, no una nueva medida aprobada en noviembre. Resolución oficial del Tesoro.
Cuándo puede aplicarse a una factura
La Ley 3/2004 regula la morosidad en operaciones entre empresas y también con la Administración, dentro de su ámbito. Un autónomo puede ser empresa a estos efectos. Las operaciones con consumidores y las deudas sometidas a un procedimiento concursal tienen un tratamiento distinto.
El tipo legal se aplica en defecto de pacto sobre el interés de demora. Para exigirlo, el acreedor debe haber cumplido sus obligaciones y no haber cobrado a tiempo, salvo que el deudor pruebe que no es responsable del retraso. Artículos 2, 3, 6 y 7 de la Ley 3/2004.
Por eso, antes de añadir intereses conviene verificar quién contrató, qué se entregó, cuál era el vencimiento y si existe alguna incidencia sobre la prestación. Una factura emitida es el punto de partida de la revisión, pero no siempre explica por sí sola toda la operación.
Un ejemplo para entender el cálculo
Supongamos una deuda comercial vencida de 5.000 euros, con 60 días de demora íntegramente comprendidos entre julio y diciembre de 2026, sin pagos parciales y a la que corresponde el tipo legal. Usando una base de 365 días, el cálculo orientativo sería:
5.000 × 10,40 % × 60 ÷ 365 = 85,48 euros de intereses.
El ejemplo no incluye costes de cobro. Si el retraso abarca varios semestres, deben separarse los periodos y utilizar el tipo que corresponda a cada uno. También hay que ajustar el saldo cuando se reciben pagos parciales. Así se evita aplicar el porcentaje actual a todo el historial de una deuda antigua.
Qué ocurre con los costes de cobro
La ley reconoce una cantidad fija de 40 euros cuando concurren sus requisitos y permite reclamar costes de cobro adicionales debidamente acreditados que superen esa cantidad. No corresponde esta indemnización si el deudor no es responsable del retraso. Artículo 8 de la Ley 3/2004.
Conviene separar en la liquidación principal, intereses y otros conceptos. Mezclarlos en una única cifra dificulta que la otra parte comprenda la reclamación y que el expediente se revise después.
Cómo preparar la cartera pendiente antes de diciembre
Recomendamos ordenar cada impago con un expediente sencillo:
- Presupuesto, pedido o contrato y aceptación del cliente.
- Prueba de entrega o de prestación del servicio.
- Factura, fecha de vencimiento y saldo pendiente actualizado.
- Comunicaciones de seguimiento y respuestas recibidas.
- Pagos parciales, acuerdos de aplazamiento y controversias conocidas.
Después, clasifica los casos según su situación: falta de documentación, discusión sobre el servicio, promesa concreta de pago o ausencia de respuesta. Esa clasificación permite decidir qué expediente necesita una aclaración, cuál admite una propuesta de acuerdo y cuál requiere valoración jurídica.
La prioridad no debería depender únicamente de qué cliente debe más. También importan la antigüedad, la documentación disponible y las perspectivas reales de cobro. Actuar con esa información facilita asignar tiempo y recursos a cada reclamación.
En Lex Solutio revisamos la documentación y las alternativas de reclamación de tus facturas pendientes. Contacta para valorar tu cartera de impagados y el siguiente paso.